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Mientras rusos y estadounidenses aceleran el trabajo en los despachos, la guerra sigue sobre el terreno en Siria. La polémica de las armas químicas ha eclipsado al resto de frentes abiertos en un conflicto en el que el Ejército estaba ganando terreno en los últimos meses frente a unos grupos armados de la oposición entre los que cada vez tienen más peso el Frente Al Nusra y el Estado Islámico de Irak y Oriente (ISIL), vinculados a Al Qaida.
«El liderazgo de las organizaciones extremistas y la falta de un modelo alternativo al del régimen ha empujado a muchos rebeldes a desertar», afirma Ilias Samman, responsable del Ministerio de Reconciliación Nacional. Este organismo, creado el pasado verano para intentar tender puentes entre las dos Sirias –la que controla Bashar al Assad y la que ha perdido este– ha recibido desde comienzos de año 3.260 solicitudes de reintegración por parte de combatientes de la oposición, de ellas el 75 por ciento en agosto, «la mayoría procedentes de zonas controladas por los grupos más radicales como el norte de Alepo o Raqqa», explica Samman.
Con fondos del Golfo
La naturaleza de la oposición armada ha ido cambiando desde el estallido de la crisis en marzo de 2011. De forma paulatina los grupos fundamentalistas han ido llenando el hueco dejado por las fuerzas del régimen y por el Ejército Sirio Libre (ESL), el brazo militar de la coalición opositora respaldada por Occidente que se dice abandonada por los llamados «amigos de Siria». La falta de armamento y dinero han allanado el camino al ISIL y al Frente Al Nusra, que tienen fondos del Golfo, operan de forma conjunta y, además de componer la primera línea de combate, tratan de administrar las zonas en las que ha caído el Gobierno con la «sharia» (ley islámica) como fuente de inspiración.
De momento el enemigo común mantiene unidas a las «más de 300 brigadas de todo tipo» de la oposición, según los datos del ministerio de Reconciliación Nacional, pero los choques internos son cada vez más frecuentes. El último se produjo la semana pasada en Alepo, segunda ciudad del país, cuando el ISIL declaró la guerra a dos brigadas del Ejército Sirio Libre (ESN) a las que acusó de atacar a sus hombres y les puso al mismo nivel que a los paramilitares del régimen.
Para el misionero español Romualdo Fernández, que en breve dejará Damasco para comenzar una nueva etapa en Alepo, «Assad estaría fuera de juego desde hace meses si no llega a ser por la entrada en juego de Al Qaida». Una opinión cada vez más extendida entre sirios consultados en Damasco que, más que apoyar al Gobierno, temen la alternativa que ofrece la oposición armada, sobre todo los que pertenecen a una secta minoritaria.
Paramilitarización del régimen
Con el paso de los meses también han cambiado las cosas en el lado del régimen «y las fuerzas de choque han adquirido un marcado carácter sectario», informa Samman, responsable de un ministerio quedenuncia los excesos del régimen. Miles de militares y paramilitares alauitas, secta derivada del chiismo a la que pertenece Assad, han llegado a Damasco desde la región costera y se encargan de la seguridad de los lugares más sensibles, además de engrosar las filas del nuevo Ejército de Defensa Nacional (EDN), una solución de emergencia ideada para llenar el hueco dejado por las deserciones y la negativa de cada vez más jóvenes a acudir a filas.
El Ejército regular cuenta, además del apoyo abierto de la milicia libanesa de Hizbolá, con una quinta columna formada por los voluntarios de este EDN que han cumplido el servicio militar y que, según distintas fuentes consultadas en Damasco, completan su formación en países como Líbano, Irán o Rusia. Reciben órdenes directas del Ejército y en los últimos meses son los que se encargan de la primera línea de combate en los distintos frentes abiertos.
El segundo pilar paramilitar del régimen son los Comités Populares, milicias que nacieron con el espíritu de autoprotección para los barrios donde residen las minorías (alauitas, cristianos y drusos). Armados y supervisados por el régimen, muchos civiles les temen por la agresividad y el trato que ofrecen y desde el ministerio de Reconciliación denuncian que «son culpables de secuestros, detenciones arbitrarias y saqueos en zonas no leales… será muy complicado sacarles de las calles cuando todo haya terminado».
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