España cierra los ojos ante las violaciones a los derechos humanos

J. Marcos y Mª Ángeles Fernández

El Congreso aprueba una reforma exprés que deroga la justicia universal. El PP culmina así una poda que se inició en 2009 con el PSOE y que ignora causas como la muerte del periodista José Couso en Irak. Las presiones de China, Estados Unidos e Israel justifican las urgencias de un Gobierno que habla de «disputas inútiles que sólo generan conflictos diplomáticos»

La mayoría absoluta del Partido Popular en el Congreso de los Diputados ha derogado la justicia universal, que permite que los tribunales españoles abran causas por crímenes de lesa humanidad, genocidio y tortura cometidos en otros países. La medida, aprobada con celeridad mediante una proposición de ley, vía hasta ahora inédita en la actual legislatura, ha sido criticada por toda la oposición (salvo la abstención de CiU) y tanto por asociaciones de jueces y fiscales como por organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Cuando entre en vigor la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, previsiblemente en los próximos dos meses, la Justicia española sólo podrá investigar los crímenes contra los derechos humanos si los responsables son españoles o bien si son extranjeros que viven en España o cuya extradición se haya denegado. Asimismo, las víctimas también tendrán que ser españolas.

El PP considera, como puso en evidencia ante los medios su portavoz parlamentario, Alfonso Alonso, que la jurisdicción universal provoca «disputas inútiles que sólo generan conflictos diplomáticos». El argumento no convence a los ya más de 38.000 signatarios de la campaña de firmas orquestada por Amnistía Internacional (AI), que entiende que «se trata de un claro retroceso en la lucha contra la impunidad y empaña el compromiso español con el sistema universal de derechos humanos». Junto con organizaciones como la Asociación pro Derechos Humanos y Human Rights Watch, AI ha publicado un comunicado lamentando la interferencia en la independencia del sistema judicial.

«Habida cuenta de que la impunidad existe principalmente cuando las autoridades del país en el que se han cometido los delitos no actúan, es importante que los sistemas de justicia civil y penal de todos los demás países puedan intervenir para juzgar dichos delitos en nombre de la comunidad internacional y conceder reparaciones a las víctimas», esgrime Amnistía Internacional para defender la justicia universal.

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cerca de una veintena de naciones ha ejercido la jurisdicción universal en investigaciones o juicios a sospechosos de haber cometido crímenes contra el derecho internacional. El Estado español ha sido uno de los más activos en la aplicación de este principio, limitado ya en 2009 bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, en un gesto que fue bendecido por el presidente de Israel, Shimon Peres. Según revelaron los cables de Wikileaks, un año más tarde fue Estados Unidos quien presionó al Gobierno socialista para «frenar o boicotear» las causas judiciales abiertas en España contra políticos y militares norteamericanos.

La iniciativa de los jueces españoles no ha conseguido sin embargo llevar a juicio a ninguno de los acusados, como bien subrayan los detractores de la justicia universal, que ponen de relieve los gastos y recursos que supone sacar adelante estos procesos, asegurando además que España no es la más indicada para exigir el cumplimiento de los derechos humanos.

Desde el otro lado, los expertos a favor de esta herramienta jurídica llaman la atención sobre las amplias repercusiones mediáticas y posteriormente legales que provoca, con influencia en el procesamiento de casos en otros países, principalmente en América Latina. Y en todo caso, corroboran la molestia que supone para cualquier persona ser nombrada en una querella bajo la jurisdicción internacional, pues impide su libre desplazamiento fuera de las fronteras del país en que se encuentra.

Presiones de China

La Audiencia Nacional inició en noviembre un proceso que terminó recientemente con la orden de búsqueda y captura contra el expresidente de China Jiang Zemin y otros cuatro antiguos cargos del Partido Comunista Chino, por el genocidio en el Tíbet en los años 80 y 90. Las reacciones de China no se hicieron esperar, a través de su portavoz en el Ministerio de Exteriores, Hua Cunying: «China está profundamente descontenta y se opone enérgicamente a las acciones tomadas sin razón por las instituciones españolas», recoge AFP.

Para eludir roces diplomáticos con la que ya es considerada primera potencia comercial del mundo, el PP ha recurrido a una proposición de ley, procedimiento que evita los informes del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal, aligerando así un proceso que podría alargarse durante meses. El atajo no solamente sortea la fase de los estudios, sino que salta también por encima del Consejo de Ministros. Las leyes penales favorables al reo revisten carácter retroactivo, pero aun así el Gobierno ha incluido una disposición transitoria que ordena taxativamente que «las causas que en el momento de la entrada en vigor de esta ley se encuentren en tramitación (…) quedarán sobreseídas hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en ella».

«Es evidente que hay personas en Estados Unidos, China o Israel que no se sienten cómodas con el principio de jurisdicción universal», ha afirmado el coordinador de Amnistía Internacional en Euskadi, Jesús Álvarez, en una entrevista concedida a Deia. «España transmite así el mensaje de que sus autoridades se preocupan más por no ofender a algunos gobiernos poderosos que por poner fin a la impunidad de la que gozan los autores de las más grandes violaciones de los derechos humanos», completa la oenegé en su web.

Doce crímenes en la impunidad

La iniciativa pone en entredicho el futuro de las doce causas de justicia universal actualmente abiertas por la Audiencia Nacional. Junto al genocidio del Tíbet de 2006 destaca la muerte en Irak del periodista José Couso; los responsables directos de su muerte fueron los militares estadounidenses que tripulaban el carro de combate que abrió fuego, en abril de 2003, contra el hotel Palestina de Bagdag, pero hasta ahora el Pentágono ha hecho caso omiso a los requerimientos del juez Santiago Pedraz.

También están en la cuerda floja las investigaciones judiciales sobre los genocidios de Guatemala, Ruanda y el Sáhara; la muerte de seguidores del grupo religioso chino Falung Lung; el proceso contra cuatro guardias de las SS en los campos de concentración alemanes, los vuelos de la CIA y sus posibles escalas en Palma de Mallorca con presuntos terroristas detenidos; los asesinatos del diplomático español Carmelo Soria en Chile y del religioso Ignacio Ellacuría en El Salvador; así como el ataque de Israel a la Flotilla de la Libertad de Gaza, y la ofensiva contra el campo de refugiados iraníes de Ashraf.

<style type="text/css"> </style>

http://www.euroxpress.es/