18/02/2014
(Infodefensa.com) Madrid – El Ministerio de Defensa español ha indemnizado con entre 60.000 y 118.000 euros a marinos afectados o fallecidos a consecuencia de contaminación por amianto cuando trabajaban en buques de la Armada, y al menos otro caso más está pendiente de resolución.
Según el diario El Mundo, los responsables del departamento que dirige Pedro Morenés han reconocido que el amianto (o asbesto) presente en buques de guerra cedidos por Washington a partir de mediados de los años 50 había sido el causante directo de la aparición del mesotelioma, un tumor que destruye la pleura y que causa la muerte o deja al enfermo inútil de por vida.
Según el bufete de abogados español Oria, Pajares y Asociados, esto abre la puerta a muchas, incluso centenares, de denuncias de posible militares que trabajaron durante 30 y 40 años en buques españoles fabricados con amianto.
A partir de 1954 y como parte de las compensaciones por la concesión de bases en España, Estados Unidos entregó a laArmada española cerca de dos docena de buques de segunda mano de la US Navy entre ellos destructores, dragaminas, cazaminas y varios transportes de ataque. Todos ellos construidos usando amianto como aislante del calor en tubos de ventilación, salas de máquinas, camarotes y pasillos.
En Estados Unidos, según el diario, los tribunales han reconocido la responsabilidad de la US Navy, condenando alPentágono a multas millonarias, las más bajas llegan a rondar los 20 millones de dólares.
Evitar juicios
Andrea Peiró, del bufete Oria y Pajares que representa a 10 casos por resolver y preara decenas de denuncias más, explicó a El Mundo que en España se está resolviendo de otra manera.
“Lo que está haciendo el Ministerio de Defensa es evitar los juicios. Prefiere llegar a acuerdos económicos con los familiares de las víctimas y que no trascienda a la opinión pública, por si se monta un escándalo”, agregó la letrada. Según otras fuentes, Defensa ha asumido varios informes al respecto del Consejo de Estado en los que se reconoce la responsabilidad pública de haber expuesto a militares a una sustancia que la Administración conocía como tóxica.
Peiró, que desde hace meses colabora con Seeger Weis, un despacho estadounidense experto en asuntos de amianto, explicó que en España las indemnizaciones serían menores porque se aplica el reglamento de Tráfico que tasa igual una muerte por amianto que por accidente de circulación.
Indemnizaciones
El primero en obtener una indemnización fue el inspector general de máquinas José Manuel Bernal que logró una sentencia favorable en los tribunales que fijaron una indemnización para sus familiares de 100.000 euros.
Posteriormente, se han cerrado dos casos más aunque a través de acuerdos privados. La familia del sargento Manuel López González, de Cartagena, recibió 60.000 euros -10.000 euros por cada uno de sus seis hijos-; y la del alférez de navíoOrípedes Fraguas con 118.000 euros, 100.000 para su viuda y el resto a repartir por igual entre sus dos hijos. Un tercer caso, el del teniente Manuel Vila Feal, está pendiente de fijar la cuantía.
El problema también podría alcanzar a buques de guerra construidos en España siguiendo diseños estadounidenses pero con amianto. Según el portal elconfidencialdigital.com, se trataría, entre otros, de al menos las cinco fragatas clase Balearesconstruidas entre 1973 y 1976 por los astilleros Bazán-Ferrol (hoy Navantia). Estos buques fueron dados de baja por laArmada entre 2004 y 2006.
Según cuenta El Mundo, el alférez de navío Orípedes Fraguas envió una carta en agosto de 2009 a la entonces ministra de Defensa, Carmen Chacón, contándole su caso y alertando de que había cientos de compañeros militares que podrían sufrir como él la enfermedad sin saberlo. En la carta, solicitaba que actuara por obligación ética y legal, “anticipándose a una catástrofe humana cuyo peor momento aún está por llegar”, decía. No obtuvo contestación.
Posteriormente, el Ministerio de Defensa terminó reconociendo que el cáncer que padecía Orípedes guardaba “relación de causa-efecto con las actividades del servicio” y declaraba “la inutilidad permanente del interesado en acto de servicio” y una compensación de 118.000 euros tras su fallecimiento.
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