martes, 11 de febrero de 2014

Las contaminaciones por amianto en las fragatas de la serie Baleares obligan a Defensa a negociar indemnizaciones



Se investigarán cientos de casos de personal destinados en los buques que Estados Unidos regaló a España en los años 60


Ya son dos los casos de militares de la Armada fallecidos por cáncer contraído tras contaminarse con amianto. Defensa ha tenido que indemnizar a sus familias, con informe del Consejo de Estado de por medio. Podría haber cientos de casos similares.


Buque L11 'Velasco', entregado en los 70 por Estados Unidos a la Armada española.





Tras la firma del primero de los convenios militares entre Estados Unidos y España en 1952, rubricado por el presidente DwightEisenhower y FranciscoFranco, la Armada comenzó a recibir buques como parte del agradecimiento por el acuerdo.

Entre esos buques se encuentran 12 dragaminas, cuatro cazaminas, los LST clase Terrebonne Parish, el L-21 ‘Castilla’ (ex USS Paul Revere), el L-22 ‘Aragón’ (ex USS Francis Marion) y muchos otros más. Buques que, en su día, fueron construidos utilizando amianto como aislante del calor en tuberías y calderas.

En Estados Unidos se han registrado miles de casos en la última década de envenenamiento por amianto –que causa un poco común proceso de cáncer denominado mesotelioma, que afecta principalmente a los pulmones-. Muchos de esos casos –la inmensa mayoría se dan en mecánicos- han terminado en la Justicia, que ha reconocido la responsabilidad de la U.S.Navy y ha condenado a multas de millones de dólares al Pentágono.

Algo similar podría ocurrir en España, donde ya se han certificado dos casos de cáncer provocado por el amianto de los buques cedidos por Estados Unidos –y aquellos pertenecientes a la clase Baleares, como la F-75 ‘Extremadura’, fabricados por Bazán siguiendo especificaciones y patrones estadounidenses-.

El primero de los casos, el general de máquinas ferrolano José Manuel Bernal, hubo de resolverse en los tribunales españoles, que dieron la razón a sus familiares y les concedieron una indemnización.

El segundo es reciente: el pasado 30 de diciembre, mediante resolución del Ministerio de Defensa, concedía una indemnización económica a la familia del sargento Manuel López González. Las indemnizaciones rondan los 100.000 euros.

En éste último caso no fue necesario el paso por los tribunales, ya que Defensa asumió varios informes al respecto del Consejo de Estado, en los que se reconoce la responsabilidad pública dehaber expuesto a militares ante una sustancia que la Administración conocía como toxica.

El bufete de abogados español Oria, Pajares y Asociados, que trabaja con estos casos, ha advertido que en España puede haber cientos de casos similares. Trabajan en colaboración con un despacho estadounidense experto en asuntos de amianto, Seeger Weiss, que ya ha logrado indemnizaciones millonarias en la justicia norteamericana.
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