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lunes, 9 de enero de 2017

"Damos la vida por nuestro país y luego si te he visto no me acuerdo"



Fotografía cedida por Fernando Tello


Los exmilitares Fernando Tello y David Rodríguez Thovar caminaron desde Badajoz hasta Madrid para denunciar la jubilación forzosa de los efectivos de tropa y marinería no permanentes a los 45 años. 


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DOMINGO, 8 DE ENERO DEL 2017 - 16:57 CET




El petate de los exmilitares Fernando Tello y David Rodríguez Thovar, que caminaron desde Badajoz a Madrid para denunciar la jubilación forzosa de los militares no permanentes a los 45 años. 

Juan es cabo, ha dedicado 22 años de servicio al Ejército y en el 2018 deberá dejar las fuerzas armadas por cumplir 45 años. Como él, casi 4.500 soldados y marineros con contrato temporal se verán forzados a una jubilarse de forma anticipada en los próximos cinco años, pese a que en su mayoría ingresaron en las filas del ejército por vocación y les gustaría continuar con su labor.

La ley de tropa y marinería del 2006 obliga al retiro forzado al llegar a la mitad de la cuarentena a todos aquellos efectivos que no hayan conseguido plaza fija. Las salidas comenzaron en el 2012, el año próximo afectarán a 243 personas (el 5% del total de efectivos que cumplen 45 años) y se disparan a partir del 2018, según los cálculos de la Asociación Unificada de Militares Españoles (Aume). De ahí que sea uno de los retos que tendrá que afrontar María Dolores de Cospedal. De hecho, en sus apenas dos meses como ministra de Defensa ya se ha enfrentado a la primera protesta militar por el asunto y a las interpelaciones de los grupos de la oposición.

La situación está creando “angustia” en el eslabón más precario del Ejército, según los testimonios recabados por EL PERIÓDICO. Entre ellos el de Juan (nombre ficticio, dado que tiene miedo a las represalias) quien lamenta que después de “24 años dando su vida” por las fuerzas armadas, a los 45 años, se verá expulsado y sin formación. “Soy paracaidista, ¿donde encuentro trabajo yo?”, se pregunta. Juan tiene dos hijas, una hipoteca y con los 600 euros que le darán de pensión, calcula que no llegará a fin de mes. Y no entiende que le echen por “viejo” o “vago”. Él hace mucho deporte - “físicamente estoy mejor que muchos de 20” relata- y se ha preparado varias veces el examen para ser fijo. Pero, según su versión, “hay pocas plazas y siempre se las quedan sus superiores, que tienen más puntos”. “Es más fácil aprobar de oficial que pasar para ser permanente”, denuncia.

400 kilómetros para denunciar la situación

Fernando Tello y David Rodríguez Thovar caminaron el pasado noviembre desde Badajoz hasta Madrid para protestar por el retiro forzado a los 45 años del personal no permanente. Ambos fueron expulsados del ejército por problemas psicológicos y cuando se enteraron de la situación decidieron organizar la marcha porque “los militares están atados de pies y manos y no pueden defenderse”. Han recibido el apoyo de Aume, asociación que, a su llegada a Madrid, entregó casi 800 reclamaciones al Defensor del Pueblo, en una protesta en la que participaron unos 400 militares.
JÓVENES MÁS MALEABLES

Como Juan, Teresa Franco describe así la situación: "Damos la vida por nuestro país y luego, si te he visto, no me acuerdo”. En su opinión, la expulsión obedece a que los mandos prefieren “jóvenes más maleables”. Teresa, de 40 años, no tiene miedo a revelar su nombre porque, en su caso, tras acusar a su jefe por acoso laboral, quiere dejar el Ejército. Pero advierte que su situación es “atípica”, porque tiene un par de carreras y un máster que le hacen sentirse “preparada”. “No siento la ansiedad de mis compañeros”, añade. Aún así, lamenta que las fuerzas armadas no “hayan aprovechado” sus conocimientos y estén dispuestas a perder “capacidad y potencial”, en lugar de ofrecerles destinos acordes a su preparación.

Y es que la AUME denuncia que la ley prometía formación, acceso a las administraciones públicas y medidas de incorporación laboral, que no se están cumpliendo. Sin embargo, Cospedal, en su primera comparecencia en la comisión de Defensa, aseveró que para mejorar las salidas laborales de los afectados se han firmado convenios en materia educativa y de empleo con distintas administraciones para que puedan acceder, entre otras, a plazas en las policías nacional, autonómica y local, así como en la Guardia Civil, que están dando “importantes frutos”. Pero ratificó su conformidad con la ley: “No podemos tener un Ejército lleno de soldados de 50 años”. El problema se va a tratar en una subcomisión del Congreso, a la que Cospedal ofreció su apoyo.

La AUME valora la iniciativa, pero recuerda que corre prisa buscar una solución y que el apoyo debe ser “individualizado”. La asociación calcula que el retiro forzado costará a las arcas del Estado 7.810 millones durante veinte años en concepto de indemnizaciones, a lo que hay que añadir 1.218 millones para el pago del desempleo.


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