Madrid, 26 jun (EFE).- El Gobierno ha aprobado hoy, en Consejo de Ministros, la entrega a Estados Unidos del ciudadano indio Sohail Kaskar, acusado por las autoridades norteamericanas de haberse comprometido a facilitar tres misiles tierra-aire para derribar aviones de EEUU en Colombia a cambio de cocaína.
La Audiencia Nacional accedió el 4 de abril a la extradición de Kaskar, acusado de ser el jefe de una organización criminal internacional dedicada al tráfico de drogas y de armas, y el pasado mes de mayo consideró suficientes las garantías aportadas por Estados Unidos de que la condena que se le imponga no podrá ser de por vida.
Las autoridades estadounidenses le acusan de haber mantenido, desde abril a junio de 2014, reuniones en Dubai, Barcelona y otros lugares con personas que trabajaban para el Departamento Antinarcóticos de EEUU (DEA) y que se hacían pasar por integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En esas reuniones, los agentes encubiertos le pidieron armas "para derribar aviones de los EEUU en Colombia" a cambio de grandes cantidades de heroína, según un auto judicial de la Audiencia Nacional.
En esos encuentros, en los que participaron también otras tres personas pendientes de extradición, presuntamente se acordó la entrega de tres misiles tierra-aire por 3 millones de dólares y el envío, en pago por ellos, de heroína desde Pakistán a través de la República Dominicana con destino final Nueva York.
Una de las reuniones tuvo lugar del 28 de abril de 2014 y en ella Kaskar y los otros tres acusados por los mismos hechos, de nacionalidad india y pakistaní, hablaron acerca de mandar los misiles a las FARC "con el propósito de proteger e impulsar los esfuerzos de las FARC para fabricar y distribuir cocaína para su importación y destino final a los Estados Unidos", según el auto.
Kaskar se negó en la vista de extradición a ser entregado porque, según alegó su defensa, los hechos delictivos ocurrieron en España y EEUU incumple el principio de reciprocidad con España ya que sus autoridades se niegan a entregar a militares presuntamente responsables de la muerte del cámara de televisión español José Couso durante la guerra de Irak.
Sin embargo, la Audiencia Nacional considera que los delitos que se le imputan -tráfico de armas y de droga y blanqueo- cumplen los requisitos para ser entregado, la reclamación no tiene motivación política y las autoridades estadounidenses tienen jurisdicción para conocer de esos delitos.
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