Cada preso encerrado en Guantánamo le cuesta a las arcas norteamericanas una media de un millón de dólares al año, lo que en tiempos de presupuestos mermados y amenazas de suspensiones de pagos supone un dispendio de cerca de 200 millones anuales, según datos ofrecidos por la Casa Blanca. Sin grandes ceremonias –porque la situación está tan encallada como cuando el presidente llegó al poder en 2009-, Barack Obama empezaba la semana reuniéndose con los dos enviados especiales encargados del cierre de Guantánamo y la transferencia de presos, Clifford Sloan –por parte del Departamento de Estado- y Paul Lewis –su contraparte en el Pentágono-. Del encuentro, la Casa Blanca proporcionó una foto y un comunicado en el que se reiteraba el deseo del presidente de cerrar el polémico centro de detención.
Tras un largo vacío de meses, Sloan fue nombrado en el cargo a finales de junio de este año, y Lewis comenzó a trabajar el pasado viernes en un puesto de nueva creación. Obama anunció ambos cargos durante un discurso el pasado mes de mayo en la Universidad de Defensa Nacional y justo cuando la huelga de hambre en el penal en la base militar estadounidense en Cuba se encontraba en su apogeo, afectando a 100 presos.
Más de 2.000 personas, entre militares y civiles, hacen turnos rotatorios para mantener en funcionamiento el centro de detención creado a principios del año 2002 para albergar a los sospechos de terrorismo capturados tras los ataques del 11-S
“Las instalaciones de Guantánamo continúan mermando nuestros recursos y dañando nuestra imagen en el mundo”, indicó la Casa Blanca en el comunicado emitido tras la reunión del mandatario con Sloan y Lewis. Según cifras del Pentágono, a día de hoy hay 164 presos encerrados en Guantánamo, de los que sólo tres han sido condenados por crímenes de guerra y seis esperan a ser juzgados, enfrentando la pena de muerte, por un tribunal militar. Más de 2.000 personas, entre militares y civiles, hacen turnos rotatorios para mantener en funcionamiento el centro de detención creado a principios del año 2002 para albergar a los sospechos de terrorismo capturados tras los ataques del 11-S.
Más de la mitad de la población reclusa (84 reos) tienen aprobada la transferencia a sus países de origen o a cualquier otro lugar que quiera acogerlos, y sin embargo ven como los días pasan sin poder abandonar el centro de reclusión, lo que a principios de este año les llevó a tomar la decisión de declararse en huelga de hambre, tras sentirse abandonados por la Administración de Obama y la opinión pública. Según un portavoz de la base militar, en la actualidad solo 14 presos siguen la huelga de hambre –la mayoría de ellos sufriendo alto riesgo de malnutrición, por lo que si no lo hacen de forma voluntaria cada día son alimentados forzosamente con una sonda a través de la nariz y hasta el estómago-.
Aunque con cuenta gotas, los presos con el visto bueno para ser transferidos acaban por abandonar el penal. Sin embargo, en Guantánamo existen 48 detenidos que no pueden dejar el centro de detención por estar definidos como “un peligro para la seguridad nacional”, y tampoco pueden ser juzgados en tribunales civiles porque no existen suficientes pruebas en su contra o las que hay fueron obtenidas con tortura. Otros 16 presos son considerados de “alto valor” por el Pentágono y deberían de ser juzgados en territorio de EEUU si finalmente se cierra Guantánamo.
El fiscal general del Estado, Eric Holder, dice que de haber sido juzgados en un tribunal civil los sospechosos del 11-S encerrados en Guantánamo ya estarían en "el corredor de la muerte" en EE UU
En este sentido, el fiscal General de EEUU, Eric Holder, aseguraba este lunes que tanto el cerebro del 11-S (Jalid Sheij Mohamed) como los otro cuatro sospechosos que estan encerrados junto a él en Guantánamo hace años que habrían sido condenados a muerte si hubieran sido juzgados en un tribunal civil. “Ya estarían en los corredores de la muerte”, dijo Holder, que apuntó que ese juicio civil ni habría supuesto el cierre de media ciudad de Nueva York –como se especuló por parte del alcalde Michael Bloomberg cuando se planteó la posibilidad de juzgarles en Manhattan- ni habría costado 200 millones de dólares al año”.
“Creo que este es un buen ejemplo de lo que ocurre cuando los políticos se dedican a temas que deberían de ser decididos por abogados y expertos en seguridad nacional”, finalizó el fiscal general.
El día después de jurar su cargo en las escalinatas del Congreso en 2009, Barack Obama prometía cerrar Guantánamo. Pero el realismo político en forma de oposición del Congreso acabó por frustar sus planes y poco después Guantánamo y sus presos eran condenados al olvido. Tanto fue así que a principios de este año el hombre encargado de la reubicación de los presos abandonaba su cargo y este se quedaba vacante.
Solo una huelga de hambre que se hizo mediática logró volver a poner a Guantánamo de actualidad y forzar la mano del presidente, que nombró a Sloan y Lewis para una tarea titánica, quizá imposible. “En lo posible, la Administración seguirá transfiriendo detenidos con autorización para ser trasladados a otros países y pedirá al Congreso que levante las restricciones existentes”, finaliza el comunicado de la Casa Blanca
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