Tres legislaturas, cinco ministros de Industria y decenas de cambios legislativos han provocado el temido déficit de tarifa, la hipoteca eléctrica que pesará sobre los consumidores durante los próximos 15 años. Pero además en los últimos ejercicios el déficit se ha convertido en el gran temor de todos los agentes del sector por la sucesión de recortes aprobados por el Gobierno para acabar con esta bola de nieve.
Se trata de un apunte contable en las cuentas de las eléctricas que tiene su origen en la pasividad de los sucesivos gobiernos para subir la luz cuando se requería por el desvío de los costes. Así, la política energética de este país ha estado basada en una patada hacia delante y en hacer del recibo de la luz un arma política con la que lograr votos.
El desaguisado eléctrico bruto acumulado suma 32.000 millones desde el 2002, tal como asegura un estudio de la patronal fotovoltaica Unef sobre la evolución anual de los costes del sistema y del déficit de tarifa, al que tuvo acceso elEconomista.
Rato, el impulsor
El impulsor de este mecanismo fue Rodrigo Rato, ministro de Economía durante el Gobierno de Aznar, con el objetivo de que la luz no subiera por encima de la inflación cuando España entró a formar parte del euro. Sin embargo, en términos generales los costes del sistema eléctrico han experimentado un incremento notable superior al del IPC durante el periodo 2002 al 2011.
Con los años el problema se ha agravado, ya que se ha utilizado el recibo para financiar todo tipo de costes, como por ejemplo los costes de exceso por generar en las islas (extrapeninsulares) por el principio de solidaridad territorial para que en los municipios insulares no se pague más cara la luz que en la Península.
Pero el problema fundamental es que los costes más representativos del sistema eléctrico se han incrementado significativamente sin que los mismos se hayan visto acompañados de aumentos en los ingresos brutos.
Entre 2002 y 2006 el precio medio final del mercado eléctrico se incrementó un 46 por ciento, mientras que el precio medio de la electricidad para los consumidores domésticos aumentó, únicamente, un 9 por ciento, advierte Unef.
En conjunto, las partidas que de forma generalizada experimentan una mayor variación son el coste de la energía en el mercado, la Tarifa de Último Recurso, los ingresos brutos y las primas del régimen especial. Es decir, las que más fluctúan son las que dependen de variables aleatorias y no predecibles, como son el consumo, el tipo de interés del mercado o el precio del mercado eléctrico. En términos absolutos, los costes que más se han incrementado son las primas al régimen especial. No obstante, se ha de tener presente que en el periodo comprendido, la generación del régimen especial se ha incrementado un 61 por ciento, tal como apunta el informe que se basa en las liquidaciones realizadas por la Comisión Nacional de la Energía.
Además, los avances que ha dado el Gobierno en la pseudoliberalización eléctrica han empeorado la situación. La sustitución de la tarifa integral por la Tarifa de Último Recurso en 2009 supuso la desaparición como coste del sistema del coste de la energía para consumidores a tarifa. Fue entonces cuando se dividió el recibo en dos partes: por un lado, la subasta Cesur que marca el coste de la energía y se basa en el mercado mayorista eléctrico y, por otro, la parte regulada del recibo que decide el Ministerio de Industria. Un nuevo sistema que, según Unef, perjudica al consumidor que no se beneficia del abaratamiento que facilitan las renovables.
La perversión del sistema
Además, si bien es verdad que las renovables reducen el precio del mercado mayorista, también hay que tener en cuenta que cuanto más baja el pool mayor cantidad hay que pagar en primas. Esto se explica porque las tecnologías del régimen especial -renovables y cogeneración- perciben una tarifa fija por su producción eléctrica. Su prima equivalente es el resultado de la diferencia entre dicha tarifa y el precio del mercado eléctrico (pool). Por lo tanto, las primas tienen una relación directa e inversa con el precio del pool: a mayor precio, menores primas y viceversa.
El informe insiste en que esta distribución perjudica claramente a los más de 17 millones de consumidores -hogares y pymes- acogidos a la Tarifa de Último Recurso, ya que no se benefician de la bajada del precio del mercado porque tienen que afrontar las primas que se abonan en la parte regulada del recibo. De ahí que las asociaciones de energías renovables propongan que las primas a la generación verde se consideren como retribución por la producción de energía, y, por lo tanto, se incluyan en el término de energía de la factura eléctrica, tal y como ocurre en países de nuestro entorno, como Alemania o Italia.
Durante el primer trimestre de este año ha habido una gran penetración de renovables y el abaratamiento ha sido superior a los 1.400 millones de euros.
Fallidas previsiones
Además, en el encaje de bolillos que supone el déficit tiene una gran relevancia las estimaciones que realice el Gobierno para fijar las tarifas y evitar el déficit.
Según la Comisión Nacional de la Energía, cada megavatio/hora que suba o baje el precio del pool produce un desvío de 100 millones de euros en la prima equivalente del régimen especial en términos anuales.
Un fallo claro en las previsiones es el cálculo realizado para el coste de la energía, es decir, el que se utiliza para calcular los ingresos que se deben recaudar vía tarifa. En concreto, esta partida se desvió en 10.702 millones de euros, un importe que supone un 31 por ciento del total del déficit generado de forma acumulada en el periodo 2002-2012.
Además, el Ministerio de Industria no calculó bien la potencia instalada renovable y, por tanto, el coste para el sistema.
Errores de cálculo
El estudio recuerda que en 2009 se creó el registro de preasignación de instalaciones del régimen especial, por lo que Industria conocía de forma más o menos exacta la potencia total que se iba a instalar anualmente de cada tecnología.
Unef admite que, a priori, la responsabilidad de las desviaciones ha de recaer sobre la tecnología fotovoltaica, pero también por un fallo gravísimo en la regulación. El problema es que el Gobierno, en un intento de controlar el crecimiento de esta tecnología, dio en 2008 un plazo de nueve meses para instalar plantas con derecho a prima.
El resultado fue que la potencia fotovoltaica se desarrolló hasta el punto de exceder en más de siete veces el límite de potencia previsto en el Real Decreto 661/2007.
Al margen de este hecho, lo cierto es que en 2009 tampoco se acertaron las previsiones. En concreto, la estimación inicial de costes de la fotovoltaica realizada por el Ministerio partió de los datos de la Comisión Nacional de la Energía y se estimó la incorporación de 1.000 megavatios fotovoltaicos con 1.200 horas anuales de funcionamiento. Asimismo, se estimó que para dicho ejercicio el precio medio anual de mercado eléctrico sería de 58,43 euros por megavatio/hora.
La realidad es que a final de año el precio medio del mercado eléctrico no alcanzó los 40 euros por megavatio, la potencia fotovoltaica superó los 3.800 megavatios y las horas equivalentes de funcionamiento ascendieron, aproximadamente, a 1.834 horas, de manera que la prima equivalente del ejercicio alcanzó los 2.634 millones.
Según Unef, las previsiones del Gobierno sobre el precio del mercado mayorista y que influye directamente en las primas resultan "excesivamente conservadoras". En consecuencia, el informe de Unef concluye que "todo apunta a que las desviaciones anuales en los costes del régimen especial se deben, principalmente, a otros factores como pueden ser errores de interpretación o cálculo directamente achacables al Ministerio de Industria y no a la puesta en marcha de nueva potencia del régimen especial". Por último, ponen de manifiesto que el aumento de los costes ha sido análogo al grado de penetración en el mix de potencia generación de electricidad
