El Stimson Center (SC) es un centro de estudios e investigaciones (unthink tank, en argot angloparlante), apartidista y sin ánimo de lucro, creado en 1989 en Washington con el propósito de afrontar los desafíos transnacionales para “consolidar la seguridad mundial y la prosperidad económica”. Hoy aquejan al mundo muchos problemas que desbordan las fronteras de los Estados: desde el cambio climático al terrorismo y desde las innovaciones tecnológicas hasta el tráfico de drogas o la delincuencia organizada.
Dentro del amplio espectro de materias tratadas por el SC, en junio de 2014 publicó un informe sobre los drones de EE.UU. (Recommendations and Report of the Stimson Task Force on US Drone Policy), preparado por un panel muy cualificado coordinado por un general del Ejército, exjefe del CENTCOM, y una profesora de la Facultad de Derecho de Georgetown, exconsejera del Pentágono.
El informe fue una respuesta al discurso de Obama en la Universidad Nacional de Defensa en mayo de 2013, donde se comprometió a “revisar propuestas para supervisar mejor las acciones letales fuera de los teatros de operaciones, de las que no se informa al Congreso”.
Sin condenar el empleo de los drones, el citado documento fue muy crítico con la falta de transparencia, de rendición de cuentas y de supervisión en el empleo de drones en las circunstancias citadas. Elaboró varias recomendaciones para que esta actividad no se mantuviera en la oscuridad y se sometiera al imperio de la ley.
Durante un año y medio, desde julio de 2014 hasta diciembre de 2015, el SC ha ido calificando al Gobierno de EE.UU. sobre el cumplimiento de dichas recomendaciones: el resultado final ha sido bastante negativo. En una escala desde 1 (sobresaliente) a 5 (suspenso), el más reciente cuaderno de notas publicado solo ha registrado calificaciones de 3, 4 ó 5.
Los suspensos se adjudicaron principalmente por la insuficiente transparencia y la falta de rendición de cuentas. Se recomendaba al Gobierno que informase sobre el número aproximado de ataques ejecutados por el ejército y la CIA, sobre la zona atacada y las bajas causadas, así como sobre la afiliación de éstas y el número y naturaleza de los civiles muertos. Se hizo caso omiso de esta recomendación.
Como advierte el SC, desde 2014 se han producido ataques mortales en siete países del Oriente Medio “ampliado” pero el Gobierno solo lo reconoció y se disculpó cuando a comienzos de 2015 murieron dos rehenes de Al Qaeda, un ciudadano estadounidense y otro italiano. Se sabe con certeza de numerosas bajas “colaterales” durante el mismo periodo pero -se pregunta el SC- ¿solo se admite la responsabilidad cuando mueren ciudadanos occidentales?
Se suspende también al Gobierno por no rendir cuentas sobre las bases legales de los ataques, sobre su justificación y proporcionalidad, y sobre el proceso que se sigue para desencadenarlos contra ciertos objetivos. La rendición de cuentas a este respecto es del todo inexistente.
Un aspecto de máxima importancia, dada la creciente proliferación de estas armas, es la necesidad de elaborar normas internacionales que controlen su empleo fuera del teatro de operaciones. Al menos nueve Estados poseen ya drones armados y cuatro de ellos los han utilizado en ataques mortales: Estados Unidos, Israel, Pakistán y Reino Unido.
En febrero de 2015 Washington anunció que procuraría establecer controles internacionales para regular la exportación de la tecnología de los drones, lo que le salvó de un suspenso en este apartado. Pero el SC observa que solo se trata de imponer limitaciones a los demás Estados, sin controlar el uso propio de esas armas de guerra: nuevo suspenso. En tanto que EE.UU. siga recurriendo a los drones para efectuar ataques secretos no supervisados ni regulados por ley alguna, es el país menos indicado para exigir a los demás que no hagan lo que él hace.
Al aproximarse el fin del mandato de Obama, es fácil comparar su fracaso para cumplir la promesa electoral de cerrar el ignominioso penal de Guantánamo con su incapacidad para controlar una de las más dañinas armas de su arsenal personal, que ciertamente darán el nombre a la “era Obama”. Pero mientras que en su forcejeo por acabar con la vergüenza guantanamera Obama ha tenido que luchar contra un Congreso manifiestamente hostil, en la limitación del empleo de los drones dispone de la autoridad y la capacidad suficientes para conseguirlo si realmente lo desea.
Un prestigioso centro privado de EE.UU., como es el Stimson Center, se atreve a criticar a su Gobierno en una cuestión tan delicada como el uso de los drones, que junto con las fuerzas de operaciones especiales se han convertido en los instrumentos bélicos favoritos del presidente saliente. Sería aconsejable que en Europa, donde con tanta admiración se copia lo que nos llega del otro lado del Atlántico, surgieran organizaciones similares capaces de criticar, por ejemplo, lo que la OTAN decide desde Bruselas sin apenas control democrático por los pueblos a los que dice proteger.
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