El desarrollo de la tecnología permite ya que algunos drones transporten el peso de hasta 3 rifles de asalto
La Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos ha reconocido esta semana que quiere instalar defensas antiaéreas para protegerse de la intrusión de aviones no tripulados. Imitando al ejército de Estados Unidos, quiere radares y lanzaderas que puedan detectarlos, y derribarlos.
En un anunció previo de licitación, la agencia afirma que los últimos avances tecnológicos de la aeronáutica ponen en peligro a las prisiones del sistema federal.
Su temor no son sólo los pequeños aparatos, que pueden tomar imágenes con las que se podrían preparar fugas de presos. La FPB admite que los drones más sofisticados, muchos de los cuales se pueden comprar incluso por internet, son capaces de transportar hasta 10 kilos de carga.
En el violento universo de las prisiones estadounidenses, sólo faltaría que del cielo lluevan drogas o, peor aún... armas. Unos tres rifles de asalto podrían llegar a los correccionales en los drones que ya existen en el mercado, y para colmo su carga útil no dejará de aumentar en el futuro.
A los criminales ya se les había ocurrido
O mejor dicho: sólo faltaba, porque la idea de usar drones para meter mercancía en una cárcel ya se ha aplicado con éxito hace poco. El pasado mes de julio un aparato no tripulado aterrizó en el patio de una prisión estatal de Ohio, atiborrado de tabaco, marihuana y heroína, y a los reclusos les faltó tiempo para comenzar a pelearse por su carga.
Por eso las autoridades federales le piden a la industria que le enseñe qué soluciones tienen para su problema. En particular, la agencia de prisiones quiere un equipo integrado que sea capaz de detectar, identificar y derribar drones de hasta 25 kilos de peso.
La gestora de las cárceles en las que se concentran los criminales que infringen el sistema penal federal (el de los delitos más graves) está pensando en una cúpula de detección de unos 1,6 kilómetros de diámetro sobre cada penal, y que sea capaz de derribar aparatos que vuelen a una velocidad de 360 kilómetros por hora.
La agencia no ha especificado preferencias por una manera concreta de neutralizar la amenaza, por lo que las licitadoras podrían proponer casi cualquier sistema que sea legal, desde mecanismos inocuos -como la creación de interferencias de radio que dejen al drone a ciegas- hasta el uso de armas de fuego convencionales dirigidas por ordenador.
Tampoco ha dejado muy claro cómo se puede discriminar entre los aparatos que suponen una amenaza real y los que no, aunque es previsible que las licitadoras propongan sus propios sistemas de identificación para no confundir una avioneta civil con un drone controlado por una banda criminal.
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