El 10% de las ventas brutas de minerales al exterior van a parar al Ejército
Jorge Barreno | Santiago de Chile
Actualizado martes 20/08/2013 03:03 horas
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Las fuerzas armadas en Chile tienen un importante peso, lo que incomoda a peruanos, a los bolivianos y a muchos chilenos. Desde hace años el 10% de lo que obtiene Codelco, la empresa nacional del cobre, va para los militares. Los representantes de las Fuerzas Armadas reciben ademásinmensos beneficios tributarios y en sus cotizaciones.
Por segunda vez, el Senado chileno ha decidido revisar el proyecto de ley que elimina la cotización obligatoria de las Fuerzas Armadas y reducir el beneficio de montepíos (que actualmente permite que las hijas no casadas de jubilados de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y de Gendarmería, hereden pensiones de por vida cuando muere su padre), entre otras medidas.
El montepío existe desde la Guerra del Pacífico, que tuvo lugar entre 1879 y 1883. Se creó para ayudar económicamente a las esposas e hijas de los soldados que cayeron en combate, pero el beneficio se mantiene hasta la actualidad.
La ayuda económica gubernamental se amplió a las viudas de los policías uniformados, que heredan el 100% de la pensión, mientras que las hijas heredan el 75%. La viuda ha tenido que estar, al menos, tres años casada con el agente del orden. Las hijas no casadas reciben el beneficio sólo hasta los 18 años, o hasta los 24 años si son estudiantes o personas inválidas.
Desde el 18 de octubre de 2012 se discute la reforma a esta ley, la 18.948 de las Fuerzas Armadas. Si se aprueba el proyecto, el fiscopodría ahorrar más de 1.200 millones de pesos mensuales (unos 2,4 millones de dólares).
"Este proyecto busca terminar con una serie de triquiñuelas, como matrimonios arreglados cuando el uniformado está a punto de morir, anulaciones ficticias, pensiones de invalidez para personas laboralmente activas o hijas de militares que evitan casarse, todo con el propósito de acceder a pensiones de por vida", manifiesta Patricio Hales, diputado del PPD (Partido Para la Democracia).
"Matrimonios que se hacían falseando los antecedentes para poder postular, en el momento en que el miembro de las Fuerzas Armadas estaba en situación de moribundo, para poder crear determinados beneficios. O divorcios, separaciones, anulaciones para ir armando figuras que permitieran burlar la ley y sacarle ventaja. Esos vicios hoy día se corrigen y se les pone fin", añadió el político a Radio Universidad de Chile.
Las Fuerzas Armadas dan actualmente unas pensiones que van desde los 627.000 pesos chilenos (más de 1.200 dólares), para los suboficiales, hasta los 1.550.000 pesos chilenos (unos 3.100 dólares) para los oficiales. Mientras tanto, las jubilaciones privadas del sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) son de unos 173.000 pesos chilenos de media, unos 350 dólares.
Además, las tres cuartas partes del dinero que reciben las personas que se encargan de velar por la seguridad del país es dinero público, y se jubilan, en promedio, a los 28 años de servicio, con 45 años de edad, frente a los 60 años de las mujeres de la población civil y a los 65 años de los hombres.
"Pensamos que es la injusticia más grande que se ha cometido y se cometió con la dictadura y la siguió aplicando en 20 años la Concertación y por otros cuatro años el señor Piñera, que es el representante de los patrones, los empresarios", comenta José Troncoso, el presidente de La Central Unitaria de Jubilados, Pensionados y Montepiadas de Chile (CUPEMCHI), a Radio Universidad de Chile.
La polémica 'Ley del Cobre'
El financiamiento de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad se gestiona a través de la ley reservada del cobre. La denominada 'Ley del cobre' asigna el 10% de las ventas de Codelco para gasto militar, en una modalidad de recaudación directa que no tiene discusión dentro del presupuesto público y que ha sido criticado por la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) en reiteradas ocasiones.
La ley 13196, o 'Ley reservada del cobre', data del 1 de enero de 1958, durante el Gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Entonces se creó un impuesto del 15% sobre todas utilidades de la gran minería, para asegurar una fuente de financiamiento permanente de las Fuerzas Armadas sin depender de los vaivenes de la política.
A principios de los años 70 el porcentaje fue modificado al 3%. La ley fue de nuevo cambiada durante el Régimen Militar de Augusto Pinochet, en 1973 y en 1986, pasando a asegurar el 10% de las ventas brutas de minerales al exterior, y estableciendo una cantidad mínima de 90.000.000 de dólares. En 1986 se duplicó la cantidad. Hasta 2003, los gastos militares fueron un secreto.
Estos fondos, bajo la administración del Consejo Superior de la Defensa Nacional (CONSUDENA) son repartidos en partes iguales en el Ejército de Chile (ECh), Fuerza Aérea de Chile (FACh) y la Armada de Chile (ACh). El alto monto del presupuesto, que sube conforme sube el precio del cobre, se debe a que el presupuesto considera los gastos de operación y de adquisiciones, la salud y las pensiones de los retirados y Carabineros de Chile (policía uniformada).
En 2009, la presidenta Michelle Bachelet envió un proyecto de financiamiento de las Fuerzas Armadas a la Cámara de Diputados que buscaba poner término a la 'Ley reservada del cobre'. La iniciativa sufrió algunos cambios durante el actual gobierno de Sebastián Piñera, pero finalmente logró aprobarse en 2012, con 107 votos a favor.
Sin embargo, la eliminación de la polémica ley aún no se ha puesto en marcha. El presupuesto militar de Chile para el año 2013 ha sido de 8.842 millones de dólares, lo que representa el 4,3 % del PIB nacional, uno de los más altos de Latinoamérica. Chile cuenta con una de las fuerzas armadas más modernas y mejor preparadas de todo el continente.
defensa.com) Un equipo de la Unidad de Buceadores de Medidas Contraminas de la Armada, compuesto por personal especialista en desactivación de explosivos (EOD), neutralizaba este fin de semana en la playa de Sa Coma, en Sant Llorenç des Cardassar (Mallorca), un proyectil de 60 centímetros de longitud y 20 de diámetro. El artefacto, un obús de 155 milímetros de calibre, fue hallado por un bañista a 150 metros de la playa de Sa Coma, sumergido a 3,5 metros de profundidad. Una vez fueron alertados, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado aseguraron la zona, estableciendo un perímetro de seguridad.